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Una orden de protección se dicta en el marco de un procedimiento civil, pero su incumplimiento puede dar lugar a acusaciones penales. Esto puede ocurrir incluso cuando las partes discrepan sobre los hechos que motivaron la orden.
La respuesta más segura es no considerar la orden como una sugerencia ni dar por sentado que la persona protegida pueda renunciar a ella de forma privada.
El análisis de una orden de protección comienza por la propia orden: cuándo se dictó, si se notificó y cuándo, a quiénes y qué lugares protege, y si permite algún tipo de contacto limitado.
Las órdenes pueden referirse a una vivienda, un lugar de trabajo, un centro educativo, la comunicación electrónica, el contacto con terceros o restricciones en materia de armas de fuego. La redacción de la orden es vinculante hasta que un tribunal la modifique.
Una persona protegida puede iniciar una llamada, enviar un mensaje de texto o concertar una reunión. Esto no autoriza necesariamente a la persona sujeta a la orden a responder. Solo el tribunal puede modificar o anular la orden.
Los mensajes a través de amigos, familiares, hijos o redes sociales también pueden considerarse contacto indirecto. Guarda la comunicación en lugar de responder en ese mismo momento.
Los registros de ubicación, las capturas de pantalla, los registros de llamadas, las grabaciones del timbre y los testimonios de los testigos pueden revelar lo que ocurrió realmente. Guárdalos antes de que se sobrescriban.
No borres las comunicaciones ni pidas a otra persona que entregue un mensaje. Consulta a tu abogado sobre las opciones legales para solicitar una modificación, recuperar bienes o abordar cuestiones relacionadas con la custodia y la vivienda.
Si te acusan de infringir una orden de protección de Arizona, ponte en contacto con The Molina Law Group llamando al (602) 718-1249 antes de hacer ninguna declaración o responder a la otra parte.
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